El Ministerio Público Federal de Brasil solicitará el cierre de las salas de bingos instaladas en Río de Janeiro que funcionan sin contar con la autorización y el permiso del Estado.

El procurador José Augusto Vagos confirmó que las salas de bingo que no cuenten con los permisos judiciales requeridos para operar y que no estén cumpliendo con las órdenes judiciales serán multadas. La multa diaria puede llegar a ascender a los 50 mil reales (23 mil dólares aproximadamente) y el total del dinero que deberá ser abonado se calculará en base al tiempo en que las salas hayan faltado a la norma que prohíbe el funcionamiento de los establecimientos en el Estado.

La Procuraduría de la República de Río ha descubierto que se han instalado nuevos establecimientos de bingo que afirman tener permisos de la Justicia federal y hasta del Tribunal de Justicia de San Pablo, que por ley no tienen jurisdicción sobre otros Estados. Según las investigaciones llevadas a cabo, se estima que los bingos estatales facturan anualmente más de mi millones de reales (unos 463 millones de dólares).

Nuevas salas de bingo abren en Río basándose en regulaciones que no pertenecen al Estado. Desde el año 2003, cuando la Justicia Federal de Río determinó el cierre de todas las salas en el Estado, el mercado, en lugar de disminuir, inexplicablemente aumentó. Las salas de bingos, que dejaron de funcionar por cortos períodos, pasaron de 39 a 47.